Italia acaba de meter un volantazo. Y no es un giro cualquiera: es un decreto que, si se confirma, deja afuera al 90% de los descendientes de italianos que hasta hace poco podían tramitar su ciudadanía. Así, sin anestesia, el gobierno italiano publicó un decreto-ley el 28 de marzo de 2025 que limita el acceso a la ciudadanía por ius sanguinis a solo dos generaciones: hijos y nietos. Chau bisnietos. Chau tataranietos. Chau sueños de pasaporte rojo.
Como ya habíamos anticipado en Sherman.ar en el artículo “Caos italiano por cambio en ley de ciudadanía”, la ciudadanía italiana jure sanguinis ha sufrido un golpe duro. Y aunque algunos parlamentarios —incluso dentro del oficialismo— ya se han pronunciado en contra, el decreto sigue en pie y sus efectos ya se sienten.
En palabras de Claudio Arn, CEO de Italo Tribu, asesor en ciudadanía italiana: “la ciudadanía italiana, como la conocíamos, acaba de terminar”. Y no exagera. El decreto fue firmado por el presidente Mattarella, impulsado por el canciller Antonio Tajani y aprobado sin pasar por el Parlamento. El impacto es total: consulados cerrando turnos, pedidos congelados, juicios que ya no pueden iniciarse. Solo quedan en pie los que hayan ingresado sus solicitudes antes del 27 de marzo de 2025. El resto, a mirar desde afuera.
Un decreto con letra chica (y vicios grandes)
El nuevo texto modifica la ley 91/1992 y otros cuerpos normativos históricos. Establece que quienes hayan nacido en el extranjero y tengan otra ciudadanía, salvo algunas excepciones (padres nacidos en Italia, residencia de dos años en Italia, juicio iniciado antes del 27), no serán considerados ciudadanos italianos. Es decir, les quitan un derecho ya adquirido por nacimiento. Y ahí es donde el asunto se vuelve espinoso.
El decreto ha sido calificado como inconstitucional por juristas y especialistas, principalmente por vulnerar el principio de igualdad consagrado en el artículo 3 de la Constitución italiana. Al introducir restricciones retroactivas y crear categorías de ciudadanos —entre quienes nacen de italianos en Italia y quienes lo hacen en el exterior—, el gobierno rompe con la jurisprudencia histórica que reconoce la ciudadanía como un derecho por nacimiento y filiación, no como una concesión discrecional del Estado. Además, el uso del decreto-ley se considera abusivo, ya que se invocó una “emergencia” que no cumple con los requisitos constitucionales de urgencia y necesidad extraordinarias.
Juristas, abogados y representantes de la comunidad italiana en el exterior lo consideran inconstitucional. “El decreto arranca un derecho ya adquirido”, dice Claudio. Y tiene razón: la ciudadanía por sangre no se “concede”, se reconoce. No es una beca, es un derecho de nacimiento. Eso lo dice la ley y lo confirma la jurisprudencia.
El uso del decreto-ley, que debería estar reservado para emergencias (terremotos, guerras, pandemias), fue aplicado a una situación administrativa. El gobierno justificó la urgencia por supuestos fraudes masivos en trámites de ciudadanía, pero no presentó pruebas concretas. Se amparó en una narrativa de inseguridad nacional para frenar lo que, según sus palabras, se estaba saliendo de control.
Parlamento dividido, comunidad furiosa
La reacción no se hizo esperar. Parlamentarios electos en el exterior salieron al cruce y calificaron el decreto como injusto, discriminatorio y ofensivo. “Es un ataque a millones de descendientes que conservaron la cultura y la identidad italiana por generaciones”, denunciaron. Piden que el Parlamento no lo convierta en ley.
El decreto tiene vigencia inmediata, pero debe ser ratificado en un plazo de 60 días. Si no se aprueba en el Parlamento antes del 27 de mayo de 2025, cae. Si se aprueba, el escenario se endurece. Ya hay temor de que, en lugar de suavizarlo, se endurezca: hay quienes proponen agregar requisitos como saber italiano o vivir obligatoriamente en Italia para transmitir la ciudadanía.
Una oficina central y una clase B de italianos
En un año y medio, según el gobierno, una única oficina en Roma centralizará todos los trámites de ciudadanía por descendencia. La experiencia con la burocracia italiana no permite ilusionarse: el caos de los consulados podría mutar en el caos de una megadependencia estatal. Y esa oficina solo reconocerá a hijos y nietos.
Lo más grave es que el decreto crea ciudadanos de primera y de segunda. Un italiano que nunca vivió en Italia no podrá transmitirle la ciudadanía a su hijo si no cumple con el requisito de dos años de residencia. Eso, dice Claudio Arn, es lisa y llanamente inaceptable: “¡La ciudadanía es por sangre, no por GPS!”.
¿Y ahora qué?
La vía consular está cerrada. La vía administrativa, también. La única alternativa que queda en pie es la judicial. Varios estudios legales ya están armando causas para plantear la inconstitucionalidad del decreto. No es rápido ni barato, pero es el camino que queda.
Mientras tanto, la comunidad italiana en el exterior se organiza, firma peticiones, prepara recursos. Muchos sienten que el decreto no solo frena pasaportes: también corta un lazo emocional con Italia. Y eso, a veces, duele más que un sello denegado.
Este no es el final de la historia. Es, como mucho, el primer capítulo de una novela de tribunales, marchas y contramarchas. Pero ya lo sabemos: los que tienen sangre italiana no se rinden fácil.
Y eso también viene en el ADN.
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